Esta semana se desarrolló el foro “Reforma al COOTAD: implicaciones para la política pública de Desnutrición Crónica Infantil”, un espacio de diálogo impulsado por el Consejo Consultivo para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil, en coordinación con la Escuela de Salud de la USFQ y con el apoyo de Fundación Esquel. El evento reunió a especialistas del ámbito jurídico, económico y de salud pública para analizar cómo la reciente reforma al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) puede influir en el avance de la política pública orientada a prevenir y reducir la desnutrición crónica infantil en Ecuador.
Durante el foro se destacó que la desnutrición crónica infantil no es únicamente un problema de salud, sino un desafío social, económico y territorial que requiere coordinación entre distintos niveles del Estado, la academia y la sociedad civil. En este contexto, la reforma al COOTAD abre un debate necesario sobre el rol de los gobiernos autónomos descentralizados, la inversión social en el territorio y la sostenibilidad de las políticas públicas que han permitido avances en los últimos años, con el objetivo de garantizar que la reducción de la desnutrición continúe siendo una prioridad nacional.
Grace Vázquez presentó una contextualización jurídica de la reforma, explicando que el modelo constitucional ecuatoriano establece un Estado descentralizado donde la garantía de derechos se concreta en el territorio, especialmente a través de los gobiernos autónomos descentralizados. Señaló que la reforma introduce nuevas reglas de disciplina fiscal y cambios en la organización territorial que podrían generar tensiones entre la autonomía local y la ejecución de competencias, particularmente en municipios con menor capacidad institucional, lo que hace necesario un análisis técnico que permita asegurar la continuidad de la política pública de desnutrición crónica infantil.
Por su parte, Carolina Portaluppi abordó el rol de los gobiernos locales en la prevención de la desnutrición crónica infantil desde la perspectiva de la inversión social y la gestión territorial. Destacó que la desnutrición es un problema multidimensional que exige acciones coordinadas en servicios básicos, salud, planificación territorial y protección social, subrayando que las decisiones que se tomen en el marco de la reforma al COOTAD deben fortalecer la capacidad de los territorios para sostener programas y priorizar recursos en beneficio de la primera infancia.
Ximena Garzón enfatizó que la desnutrición crónica infantil debe entenderse como una condición de salud con base social que requiere una fuerte articulación intersectorial y una inversión sostenida en el territorio. Señaló que el éxito de la política pública depende de la coordinación entre instituciones, la capacitación de los actores locales y la capacidad de los gobiernos autónomos descentralizados para implementar acciones efectivas, asegurando que las reformas normativas se traduzcan en mejoras reales en la vida de niñas y niños.
Andrés Mideros, desde su enfoque económico, explicó que la desnutrición crónica infantil es un problema público complejo, multidimensional y multiactor que tiene efectos directos en la productividad, el desarrollo del capital humano y el crecimiento económico del país. Señaló que esta condición no solo afecta la salud y el desarrollo cognitivo de los niños, sino que también genera impactos intergeneracionales que limitan las oportunidades de desarrollo económico y social. En este sentido, destacó que la política pública debe actuar sobre los distintos determinantes de la desnutrición, desde los servicios de salud materno-infantil hasta las condiciones de vivienda, agua segura y saneamiento, lo que exige una articulación efectiva entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. Asimismo, planteó que la reforma al COOTAD debe analizarse cuidadosamente para garantizar que fortalezca la arquitectura de coordinación territorial, mantenga la inversión social y permita alcanzar las metas al 2030, consolidando a la reducción de la desnutrición crónica infantil como una política de Estado basada en evidencia y sostenibilidad económica.
El foro concluyó con un llamado a fortalecer la coordinación entre actores, promover el análisis técnico y generar insumos que permitan tomar decisiones informadas sobre la reforma al COOTAD. Este espacio de diálogo reafirmó la importancia de mantener una mirada territorial, económica y social en la construcción de políticas públicas que protejan a la primera infancia, asegurando que los avances logrados en la reducción de la desnutrición crónica infantil se consoliden y se conviertan en una base sólida para el desarrollo sostenible del Ecuador.
Este espacio ha sido articulado por el proyecto “San Andrés y Manglaralto, Territorios Libres de Desnutrición”, financiado por la Unión Europea en Ecuador, a través de su estrategia Global Gateway e implementado por Ayuda en Acción, con el apoyo de EPA, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el GAD de Santa Elena, el GAD de Guano, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), Fundación Esquel, Welthungerhilfe y Sumar Juntos del Banco Pichincha.